A Transactional and Collaborative Approach to Reducing Effects of Bottom Trawling

Authors


Abstract

Private-sector financial and legal transactions have long been used to protect terrestrial habitats and working landscapes, but less commonly to address critical threats in marine environments. Transferrable and marketable fishing privileges, including permits and quotas, make it possible to use private-sector transactions as conservation strategies to address some fishery management issues. Abating the effects of bottom trawling on the seafloor and bycatch and discard associated with the practice has proven challenging. On the Central Coast of California, The Nature Conservancy (TNC), Environmental Defense Fund, local fishers and local, state, and federal authorities worked collaboratively to protect large areas of the seafloor from bottom trawling for groundfish while addressing economic impacts of trawl closures. Contingent on the adoption of trawl-closure areas by a federal regulatory agency, TNC used private funds to purchase federal groundfish trawl permits and vessels from willing sellers. Trawl-closure areas were designed collaboratively by combining regional biological diversity and fisheries data with local fishers’ knowledge. The private transactional strategy was designed to remedy some deficiencies in previous federal buyouts, to mitigate economic impacts from trawl closures, and to carefully align with a public regulatory process to protect “essential fish habitat” under the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act. This collaborative effort protected 1.5 million ha (3.8 million acres) of seafloor, reduced trawl effort in the area by 50%, and set a precedent for collaborative partnerships between conservation and fishing interests. This is the first time a large conservation organization has taken an ownership position in a fishery and demonstrates how nongovernmental organizations can invest in fisheries to improve environmental and economic performance.

Un Método Transaccional y Colaborativo para Reducir los Efectos de la Pesca de Arrastre de Fondo

Resumen

Las transacciones financieras y legales del sector privado han sido usadas por mucho tiempo para proteger hábitats y paisajes terrestres, pero menos comúnmente para abordar amenazas críticas en ambientes marinos. Los privilegios pesqueros transferibles y comerciales, incluyendo permisos y cuotas, hacen posible el uso de transacciones del sector privado como estrategias de conservación para atender algunos temas del manejo de pesquerías. El abatimiento de los efectos de la pesca de arrastre de fondo y la captura incidental y desecho asociados con la práctica ha sido un reto. En la Costa Central de California, The Nature Conservancy (TNC), el Fondo de Defensa Ambiental, pescadores locales y autoridades locales, estatales y federales trabajaron colaborativamente para proteger grandes áreas del fondo marino de la pesca de arrastre mientras abordaban los impactos económicos del cierre de redes. Condicionado a la adopción de áreas cerradas a la pesca por arrastre por parte de una agencia reguladora federal, TNC utilizó fondos privados para la compra de permisos federales y embarcaciones de pesca de arrastre a vendedores dispuestos. Las áreas cerradas a la pesca de arrastre fueron diseñadas colaborativamente mediante la combinación de datos de diversidad biológica y pesquerías de la región con el conocimiento de los pescadores locales. La estrategia transaccional privada fue diseñada para remediar algunas deficiencias en compras federales previas, para mitigar los impactos económicos de los cierres y para alinearse cuidadosamente con un proceso regulador público para proteger “hábitat esencial de peces” en el marco del Acta Magnuson-Stevens para la Conservación y Manejo de Pesquerías. Este esfuerzo colaborativo protegió 1.5 millones ha (3.8 millones acres) de fondo marino, redujo el esfuerzo de la pesca de arrastre en 50% y fijó un precedente para asociaciones colaborativas entre los intereses de conservación y los de pesquerías. Esta es la primera vez que una organización de conservación grande ha tomado una posición de propietario en una pesquería y demuestra como pueden invertir las organizaciones no gubernamentales en pesquerías para mejorar el funcionamiento ambiental y económico.

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